El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el pasado 26 de febrero de 2026, mediante Decreto Supremo N.º 021-2026-EF, una transferencia extraordinaria de S/ 702.4 millones a la ONPE y al JNE. Sumados al presupuesto ya aprobado de S/ 1,470 millones y a los S/ 538 millones ejecutados en 2025, el Estado peruano destinará más de S/ 2,710 millones para organizar las Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. El gobierno del presidente José María Balcázar lo presentó como un acto de "planificación responsable" y "compromiso con la estabilidad democrática". Nosotros nos hacemos una pregunta más incómoda.

¿Tiene sentido invertir S/ 2,710 millones en un proceso electoral cuando la ciudadanía peruana ha perdido la fe en la política, sin que se haya realizado ninguna reforma estructural al sistema que genera esa desconfianza?

El dinero sobre la mesa: una radiografía del gasto electoral

Para contextualizar la magnitud de esta inversión, vale desagregar las cifras oficiales. La distribución de la última transferencia asigna S/ 588.3 millones a la ONPE —el organismo encargado de la ejecución técnica del proceso— y S/ 114.1 millones al JNE, responsable de la justicia electoral. El financiamiento proviene de la Reserva de Contingencia del Tesoro Público, lo que implica que estos recursos no estaban contemplados en el presupuesto original y responden a necesidades adicionales del cronograma electoral.

Fuente: MEF, DS N.º 021-2026-EF. Elaboración propia.

El problema de fondo: gastar más en un sistema que nadie cree

El discurso oficial del MEF habla de "planificación responsable" y "fortalecimiento de la institucionalidad". Es un lenguaje técnicamente correcto, pero políticamente vacío en el contexto actual. Perú lleva más de una década de crisis política permanente: seis presidentes en menos de ocho años, un Congreso con los índices de aprobación más bajos de la región, partidos políticos que son en muchos casos vehículos electorales sin ideología ni militancia real, y una ciudadanía que, elección tras elección, elige entre candidatos que no representan sus intereses sino los de grupos de poder.

En ese escenario, destinar más de S/ 2,700 millones al proceso electoral —sin que medie una sola reforma estructural al sistema de partidos, al financiamiento político, a la representación proporcional o a los mecanismos de rendición de cuentas— no es un acto de responsabilidad fiscal. Es, en el mejor de los casos, un acto de inercia institucional. En el peor, es perpetuar un sistema disfuncional con fondos públicos.

Según diversas encuestas nacionales, la desconfianza en los partidos políticos peruanos supera el 85%. Organizar elecciones en ese contexto, sin reformas previas, equivale a refaccionar la fachada de un edificio que tiene los cimientos agrietados.

Lo que el gasto electoral revela sobre la agenda del gobierno

Resulta revelador que una de las primeras acciones del presidente Balcázar, apenas asumida la jefatura de Estado, fuera reunirse con los titulares del sistema electoral para asegurar su financiamiento. No hay nada cuestionable desde el punto de vista del cumplimiento constitucional: garantizar los comicios es una obligación del Estado. Pero sí es cuestionable el orden de prioridades: antes de asegurar que el proceso electoral se desarrolle con más candidatos independientes, con barreras reales al financiamiento ilegal, con mecanismos efectivos de fiscalización partidaria o con una reforma de la representación parlamentaria, se aseguró el dinero. Primero el proceso, luego —nunca— la reforma.

Desde una perspectiva empresarial, este patrón de comportamiento público es análogo al de una empresa que, ante una crisis de confianza de sus clientes, invierte en la logística de su próxima campaña de ventas en lugar de reformar el producto. El proceso está financiado. El producto —el sistema político— sigue igual.

¿Qué reforma estructural necesita el sistema político peruano?

No es una pregunta retórica. Hay consenso técnico —académico, jurídico y en buena parte de la sociedad civil— sobre los ejes que debería tener una reforma política real. A modo de síntesis:

• Reforma de la ley de partidos políticos: Elevar los requisitos de inscripción, establecer democracia interna real y prohibir la inscripción de partidos como empresas electorales temporales.

• Financiamiento político transparente: Fortalecer los mecanismos de control del financiamiento privado de campañas, con sanciones efectivas y en tiempo real, no post-electoral.

• Reforma del sistema de representación: Revisar la representación proporcional, los umbrales de acceso al Congreso y la posibilidad de revocatoria de parlamentarios con bajo desempeño.

• Meritocracia en la función pública: Desligar los nombramientos técnicos de los ciclos electorales para garantizar continuidad en la gestión del Estado.

• Educación cívica y acceso a la información: Inversión en ciudadanía activa, no solo en logística electoral.

Reflexión final: democracia no es solo votar

El ministro López Gonzales afirmó que esta transferencia "fortalece la institucionalidad y la confianza ciudadana". Con todo el respeto que merece la función pública, la evidencia empírica sugiere exactamente lo contrario: la confianza ciudadana no se restaura organizando elecciones, se restaura cambiando las condiciones que hacen que esas elecciones produzcan sistemáticamente representantes que defraudan a sus electores.

Perú no necesita elecciones más costosas. Necesita elecciones más significativas. Y eso no se logra con S/ 2,710 millones en logística. Se logra con voluntad política para reformar un sistema que, en su estado actual, reproduce la crisis que dice querer resolver.

Como analistas del entorno empresarial, vemos en esta situación un riesgo de primer orden: la inestabilidad política crónica genera incertidumbre regulatoria, aleja la inversión extranjera, debilita el sol, presiona el gasto público y distorsiona la planificación de mediano plazo. El costo de no reformar la política no lo paga solo el ciudadano que vota. Lo paga también el empresario que planifica, el trabajador que produce y la economía que no puede crecer a su potencial.

Este artículo representa el análisis editorial del autor y no constituye asesoría política, legal ni financiera. Las cifras han sido tomadas de fuentes oficiales del MEF.